¿Terror verde?

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Este fanzine — digitalizado por No Trace Project — presenta un detallado texto de Crimethinc que explora los esfuerzos del FBI por acabar con el movimiento ecologista radical en Estados Unidos a mediados de la década de 2000. Extrae importantes lecciones de la campaña contra el Frente de Liberación de la Tierra (ELF) y de la persecución del entorno anarquista más amplio por parte de las fuerzas del orden a principios de siglo. Se ofrece una visión general del caso, el papel de los informadores y un análisis exhaustivo de las diferentes sentencias recibidas por los acusados que cooperaron y los que no cooperaron.

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Para los que llegaron tarde…

A finales de 2005, el FBI inició una nueva fase de su asalto a los movimientos de liberación animal y de la Tierra — conocida como el Terror Verde — con la detención y acusación de un gran número de activistas. Esta ofensiva, bautizada como Operación Backfire, pretendía obtener condenas por muchos de los incendios provocados por el Frente de Liberación de la Tierra durante los diez años anteriores, pero, sobre todo, tener un efecto amedrentador sobre todas las acciones ecológicas directas. En el siguiente análisis, publicado originalmente en Rolling Thunder en 2008, repasamos todo lo que podemos aprender de los casos de la Operación Backfire, con la intención de transmitir las lecciones a la próxima generación de activistas ecologistas.

De los acusados en la Operación Backfire, nueve acabaron cooperando con el gobierno y delataron a otros con la esperanza de que se redujeran sus condenas: Stanislas Meyerhoff, Kevin Tubbs, Chelsea Dawn Gerlach, Suzanne Savoie, Kendall Tankersley, Jennifer Kolar, Lacey Phillabaum, Darren Thurston y, mucho más tarde, Briana Waters. Cuatro resistieron durante un año aterrador, en el que parecía seguro que acabarían cumpliendo décadas de prisión, hasta que consiguieron llegar a acuerdos en los que podían reclamar la responsabilidad de sus actos sin facilitar información sobre otros: Daniel McGowan, Jonathan Paul, Exile (alias Nathan Block) y Sadie (alias Joyanna Zacher)^[1]. Otro acusado, William Rodgers (alias Avalon), falleció trágicamente en un presunto suicidio mientras se encontraba bajo custodia poco después de su detención. El fugitivo Justin Solondz fue capturado en China en 2009 y cumplió su condena en enero de 2017; Rebecca Rubin se entregó en 2012, tras muchos años huida, y fue condenada a cinco años de prisión. Joseph Dibee fue extraditado de Cuba a Estados Unidos en agosto de 2018 para ser acusado. Se ha acusado a otro acusado más, pero no se ha encontrado.

En los meses siguientes al lanzamiento de la Operación Backfire se produjo un aumento sin precedentes de la represión gubernamental contra los activistas ecologistas anarquistas, que llegó a conocerse como el Terror Verde. El veterano activista por la liberación animal Rod Coronado fue acusado de un delito grave por responder a una pregunta durante una intervención, y se enfrentaba a posibles décadas de cárcel. Seis activistas por los derechos de los animales asociados a SHAC, la campaña contra la empresa Huntingdon Life Sciences, dedicada a la experimentación con animales, fueron condenados a varios años de prisión, básicamente por gestionar un sitio web. El activista por la liberación animal Peter Young, que había pasado siete años huyendo del FBI, fue finalmente capturado y amenazado de doble procesamiento. Tre Arrow, famoso por sobrevivir a una caída de 30 metros cuando la policía y los leñadores le obligaron a abandonar una ocupación forestal, luchaba contra la extradición de Canadá a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de incendio provocado. Innumerables personas fueron citadas ante grandes jurados^[2], y algunas cumplieron penas de cárcel por negarse a cooperar. Y lo más inquietante de todo es que un agente provocador tendió una trampa a tres jóvenes, que fueron detenidos acusados de conspiración sin haber hecho nada en realidad. Dos de ellos, Zachary Jenson y Lauren Weiner, se declararon culpables y se convirtieron en informadores del gobierno; el tercero, Eric McDavid, cumplió nueve años de prisión antes de que se anulara su condena cuando finalmente se reconoció que el FBI había ocultado pruebas exculpatorias.

A día de hoy, Marius Mason sigue en prisión.

Es importante extraer lecciones de esta campaña de represión gubernamental, con el fin de equipar a la próxima generación que tomará la primera línea en la lucha por defender la vida en la Tierra.

Distinguir entre amenazas percibidas y reales

En algunos círculos anarquistas, la aparición inicial del Terror Verde fue recibida con un pánico que rivalizó con la respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Esto, por supuesto, era exactamente lo que el gobierno quería: aparte de llevar a los activistas individuales ante la «justicia», esperaban intimidar a todos los que ven la acción directa como el medio más eficaz para el cambio social. En lugar de ayudar al gobierno haciendo suposiciones exageradas sobre lo peligroso que es ser anarquista hoy en día, debemos analizar qué muestran estos casos sobre las capacidades y los límites actuales de la represión gubernamental.

El propósito de esta investigación no es defender o sensacionalizar ninguna táctica o enfoque en particular. Debemos tener cuidado de no glorificar la actividad ilegal: es importante señalar que la mayoría de los acusados, incluso los más firmes en no cooperar, han expresado su arrepentimiento por sus decisiones, aunque esto debe entenderse en el contexto de sus casos judiciales. Al mismo tiempo, la represión federal afecta a todos los implicados en la resistencia, no sólo a los que participan en acciones directas ilegales; el Terror Verde ofrece casos prácticos de la situación en la que nos encontramos todos, nos guste o no.

Caso práctico de represión: Eugene, Oregón

La Operación Backfire tuvo lugar en un contexto de investigación, acoso y elaboración de perfiles por parte del gobierno de presuntos anarquistas en el noroeste del Pacífico. No es casualidad que Eugene, Oregón, fuera uno de los principales focos de los casos de la Operación Backfire, ya que ha sido un hervidero de disidencia y radicalismo durante la última década y media, aunque la represión y otros problemas se han cobrado un peaje en los últimos años. No podemos ofrecer un análisis definitivo de la dinámica interna de la comunidad anarquista de Eugene, pero sí podemos analizar cómo las autoridades actuaron para reprimirla.

Un recurso útil para esta investigación es «Anarchist Direct Actions: A Challenge for Law Enforcement», un artículo que apareció en Studies in Conflict & Terrorism en 2005, escrito por Randy Borum, de la Universidad del Sur de Florida, y Chuck Tilby, del Departamento de Policía de Eugene. Según Jeff («Free») Luers, Tilby fue uno de los policías que vigilaron a Free y a su coacusado Critter la noche de su detención en junio de 2000. Tilby ha dado presentaciones sobre el movimiento «anarquista criminal» a grupos encargados de hacer cumplir la ley, y estuvo íntimamente involucrado en los casos de la Operación Backfire, incluso haciendo declaraciones a los medios de comunicación y proporcionando una cita al comunicado de prensa del FBI al final de la acusación federal de Oregón.

Sorprendentemente, el artículo no hace referencia explícita alguna a Eugene, Oregón. Aparte de la firma de Tilby al principio, no hay indicios de que el artículo se escribiera conjuntamente desde Eugene. No obstante, el artículo proporciona varias pistas importantes sobre cómo procedió el gobierno contra los acusados de Oregón y contra quienes se consideraba que les apoyaban.

Los autores centralizan la importancia de la inteligencia y de los informadores para reprimir a los «anarquistas» criminales, al tiempo que reconocen la dificultad de obtenerlos. En el caso de las citaciones del gran jurado, los anarquistas suelen incumplirlas, y a menudo se crean grupos de apoyo para las personas contra las que van dirigidas; uno de los ejemplos más recientes fue el de Jeff Hogg, que recibió una citación del gran jurado mientras se estaban llevando a cabo los procesos contra Backfire y, como consecuencia, fue encarcelado durante casi seis meses en 2006. Los autores advierten de que «los investigadores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener cuidado durante el interrogatorio de no divulgar más al sujeto sobre el caso (a través de las preguntas), de lo que se aprende a través de su testimonio». ¡De hecho, las preguntas formuladas por los grandes jurados aparecieron más de una vez en las páginas del Earth First! Journal, que durante un tiempo se editó desde Eugene. Es sumamente importante apoyar a quienes están siendo investigados y mantenerse al corriente de los esfuerzos de los investigadores. Algunos creen que la investigación de Backfire sólo llegó a una posición de fuerza real una vez que dicho apoyo empezó a debilitarse en Oregón.

En cuanto a la infiltración, «Anarchist Direct Actions» aconseja que:

La infiltración se hace más difícil por la naturaleza comunitaria del estilo de vida [anarquista] (bajo constante observación y escrutinio) y los amplios conocimientos que poseen muchos anarquistas, que requieren una cantidad considerable de estudio y tiempo para adquirirlos. Se han explorado otras estrategias de infiltración, pero hasta ahora no han tenido éxito. La discusión de estas teorías en un documento abierto no es aconsejable.

Lo que sabemos de las primeras investigaciones de Backfire apunta a una estrategia de vigilancia e infiltración generalizada. Aunque los investigadores utilizaron herramientas y estrategias cada vez más específicas a medida que la investigación ganaba fuerza — por ejemplo, enviando a «testigos colaboradores» con micrófonos corporales para que hablaran con objetivos concretos — empezaron escudriñando toda una demografía de tipos contraculturales. Se pusieron bajo vigilancia casas de activistas y punkis, así como lugares de reunión como bares -los anarquistas que beben deben tener cuidado con la forma en que el alcohol puede aflojar los labios-. Los infiltrados y los informadores no sólo tenían como objetivo a los anarquistas más visiblemente comprometidos, sino también a los bohemios que habitaban esferas culturales y sociales similares. La policía acumuló enormes cantidades de información de fondo, aunque no consiguió penetrar en los círculos en los que se organizaba la acción directa. Las aproximadamente 30.000 páginas de pruebas en los casos de Oregón contienen una gran cantidad de cotilleos e información de fondo sobre bastantes miembros de la comunidad de Eugene.

Al parecer, en la cercana Portland (Oregón) se utilizó una metodología de elaboración de perfiles similar. En marzo de 2001, por ejemplo, se llevó a cabo una redada policial a gran escala en una fiesta casera a la que asistían punk rockers de Portland. Los asistentes fueron fotografiados e interrogados sobre los Frentes de Liberación Animal y de la Tierra. Algunos fueron detenidos y acusados de secuestro y agresión a un agente, una acusación excesiva que finalmente dio lugar a acuerdos con la fiscalía. Los acusados de la redada fueron grabados en vídeo en sus comparecencias ante el tribunal por agentes identificados posteriormente como miembros de la Unidad de Represión de Bandas. Tras esta redada, los policías acosaron sistemáticamente a los gamberros en la calle, exigiendo que les dijeran si eran anarquistas.

En retrospectiva, parece probable que tales esfuerzos no estuvieran destinados simplemente a intimidar a los punks de Portland, sino a descubrir información relevante para los casos anarquistas y del F.L.A./F.L.T. de la época^[3]. Esto puede haber sido un paso en falso en la investigación de Backfire; ahora mismo no hay manera de saberlo. Sabemos, sin embargo, que los enfoques de «red amplia» por parte del Estado pueden ser eficaces para sofocar subculturas socialmente conscientes, incluso cuando no descubren vínculos reales con la acción radical. Afortunadamente, en Portland los afectados por la redada se unieron en respuesta, ayudándose mutuamente, limitando el daño causado y aprovechando la situación para llamar la atención sobre la actividad policial.

Otro punto de especulación es el grado en que las autoridades fomentaron la división y las luchas internas dentro de los círculos radicales de Eugene. Se trataba de una táctica habitual de COINTELPRO^[4], y probablemente se siga utilizando. Borum y Tilby aluden a ello en la sección final de su documento, «Law Enforcement Strategies / Implications» («Estrategias de aplicación de la ley / Implicaciones»):

Los conflictos internos son otra fuente importante de vulnerabilidad dentro del movimiento. Ya se ha abordado el debate sobre la DdT [«Diversidad de Tácticas»], pero el movimiento también está luchando contra la percepción de falta de poder entre las mujeres y la falta de inclusión de las minorías étnicas. Este tipo de conflicto se produjo hace tres décadas en el seno del movimiento revolucionario de izquierdas en Estados Unidos.

A quienes estén familiarizados con los círculos radicales de Eugene, esto les traerá a la memoria los acalorados conflictos sobre género y feminismo dentro de esa comunidad. No hay pruebas concretas de que agentes del gobierno estuvieran implicados en la escalada de esos debates, y debemos tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas; esas especulaciones sólo pueden ayudar al Estado propagando la paranoia. Sin embargo, las fuerzas del orden, desde el nivel local hasta el federal, debían ser conscientes de la vulnerabilidad que se abría cuando los debates reales se convertían en pensamiento de grupo y faccionalismo en Eugene. Tilby y sus secuaces deben haber utilizado estas ideas en su beneficio, ya que idearon estrategias anti-anarquistas. Para cuando los grandes jurados de la Operación Backfire empezaron a seguir pistas reales en Eugene, muchos de los que podrían haberse unido para oponerse a ellos ya no se hablaban. Si bien esto no justifica la falta de integridad mostrada por aquellos que ayudaron a los grandes jurados, ofrece un contexto de por qué los grandes jurados no fueron resistidos con mayor eficacia.

Borum y Tilby concluyen su artículo instando a los investigadores a hacer gala de «paciencia y persistencia» y, de hecho, la paciencia y la persistencia acabaron dando sus frutos en la Operación Backfire. No se trata de dar credibilidad a la idea de que «el FBI siempre atrapa a su hombre». La investigación estuvo plagada de errores y pasos en falso; muchas otras acciones nunca serán enjuiciadas, ya que las autoridades no tuvieron ni golpes de suerte ni cooperación útil. Pero debemos comprender que tanto la represión como la resistencia a ella son proyectos a largo plazo, que se extienden a lo largo de años y décadas.

Según algunas versiones, una de las pistas más significativas de la Operación Backfire surgió de una ingenua solicitud de informes policiales en una comisaría de Eugene. Según esta versión, la policía dedujo de esta petición que debían prestar atención a Jacob Ferguson; Ferguson se convirtió más tarde en el principal informador de estos casos. Se menciona con menos frecuencia que la policía acusaba a Ferguson de un incendio provocado ¡en el que no participó! Con Ferguson ocurrió lo improbable y a las autoridades les salió a cuenta equivocarse. Más tarde, cuando los agentes efectuaron sus primeras detenciones y presentaron citaciones ante el gran jurado el 7 de diciembre de 2005, se asumió erróneamente que dos de los citados habían participado en atentados. Sus citaciones fueron finalmente retiradas, ya que las autoridades obtuvieron la cooperación de más informadores y finalmente tomaron medidas para detener a Exile y Sadie en su lugar.

La investigación no fue tan imparable y dinámica como al gobierno le gustaría que pensáramos, aunque la acusación cobró fuerza a medida que más individuos delataban a otros. Las autoridades pasaron años dando tumbos, y siguieron titubeando incluso cuando los esfuerzos de enjuiciamiento estaban en marcha, pero fueron tenaces y no cejaron en su empeño. Mientras tanto, el impulso radical fue menos consistente.

Repasemos el arco de la actividad radical en Eugene durante la última década. El motín anticapitalista del 18 de junio de 1999 en Eugene provocó el júbilo de los anarquistas, aunque uno de los participantes pasara siete años en la cárcel como resultado. Los participantes en la Jornada de Acción del 18 de junio habían plantado cara y jodido algunos símbolos de la miseria en la ciudad, pillando desprevenida a la policía. Las batallas campales en las calles de Seattle ese mismo año, durante la reunión de la OMC, no hicieron sino reforzar la sensación de que el mundo entero estaba en juego. La mayoría de los anarquistas activos de Eugene nunca habían vivido un periodo semejante. A pesar de las míseras reivindicaciones y los confusos análisis de gran parte del movimiento «antiglobalización» oficial, existía la sensación de que se podía luchar por un cambio más profundo y ganarlo. Ser anarquista parecía lo más cool que se podía ser, y esta percepción se vio magnificada por la atención mediática que siguió. En aquella época, el F.L.T. estaba provocando incendios por toda la región.

Siguieron una serie de revocaciones. En junio de 2001, Free recibió su condena inicial de 22 años y ocho meses. Al mes siguiente, Carlo Giuliani fue asesinado en las calles de Génova durante las protestas contra la cumbre del G8 en Italia. Aunque ambas tragedias ilustraron los riesgos de enfrentarse al sistema capitalista, la sentencia de Free golpeó especialmente fuerte en Eugene. Ante el cambio de ambiente, algunos empezaron a abandonar y a «seguir con sus vidas», sin traicionar necesariamente sus principios anteriores, pero cambiando su enfoque y sus prioridades. Este desgaste se intensificó cuando las banderas estadounidenses aparecieron por todas partes tras el 11 de septiembre de 2001. Los esfuerzos anarquistas no cesaron, pero siguió un periodo de relativa desorientación. Un año y medio después, la invasión de Irak brindó otra oportunidad para que los radicales se movilizaran, pero se había perdido cierta coherencia en el área de Eugene. Y mientras tanto, los empleados del FBI y la policía mantenían su horario habitual, día tras día.

Las fuerzas del orden recibieron su avance más significativo en los casos Backfire — aunque empezara como una hipótesis incorrecta — justo antes de la sentencia de Free, en el periodo entre el júbilo anarquista y el paso a la defensiva. Los mismos incendios que se relacionaron incorrectamente con Ferguson se utilizaron para justificar la dura sentencia de Free, lo que intimidó a algunos anarquistas a retirarse de la acción. No hubo suficiente revalorización, aprendizaje y agudización de habilidades, ni suficientes esfuerzos en la resolución de conflictos; la retirada se produjo por defecto. ¿Qué habría pasado si la investigación de Backfire hubiera continuado en otras circunstancias, mientras los radicales mantenían su impulso? Esa sería otra historia. Su conclusión es desconocida.

Dar pelea

La represión existirá mientras haya Estados y personas que se opongan a ella. La invulnerabilidad total es imposible, tanto para los gobiernos como para sus oponentes. Todos los infiltrados e informadores de la policía secreta zarista fueron impotentes para impedir la revolución rusa de 1917, del mismo modo que la Stasi de Alemania del Este fue incapaz de impedir la caída del Muro de Berlín a pesar de que tenía fichados a seis millones de personas. Las luchas revolucionarias pueden tener éxito incluso frente a la represión masiva; por nuestra parte, podemos minimizar los efectos de esa represión preparándonos de antemano.

Durante muchos años los anarquistas se han centrado en desarrollar la cultura de la seguridad, pero la conciencia de la seguridad por sí sola no es suficiente. Hay algunos puntos en los que nunca se puede insistir demasiado: no cotillear sobre asuntos delicados, compartir información delicada sólo cuando sea necesario^[5], no renunciar a tus derechos si te detienen o te arrestan, no cooperar con los grandes jurados, no traicionar a otras personas. Pero uno puede atenerse a todos estos dictados y seguir cometiendo errores cruciales. Si las estrategias contra la represión se centran sólo en lo que no debemos hablar, perdemos de vista la necesidad de una comunicación clara para las comunidades en lucha.

La interrupción de los movimientos radicales por parte del Estado puede interpretarse como una especie de «crítica armada», del mismo modo que alguien que lanza un ladrillo a través de la ventana de un Starbucks es una crítica en acción. Es decir, un uso exitoso de la fuerza contra nosotros demuestra que teníamos vulnerabilidades preexistentes. Esto no quiere decir que debamos culpar a la víctima en situaciones de represión, pero tenemos que aprender cómo y por qué tienen éxito los esfuerzos por desestabilizar nuestras actividades. Nuestra respuesta no debe comenzar con el apoyo carcelario una vez que alguien ha sido detenido. Por supuesto que esto es importante, junto con el apoyo a largo plazo a quienes cumplen condena, pero nuestros esfuerzos deben comenzar mucho antes, contrarrestando las pequeñas vulnerabilidades que nuestro enemigo puede explotar. La discusión abierta de los problemas — por ejemplo, los roles de género que se imponen en espacios nominalmente radicales — puede proteger contra resentimientos malsanos y cismas. Esto no quiere decir que todas las escisiones sean injustificadas: a veces lo mejor es que las personas sigan caminos separados; pero incluso si eso es necesario, deben intentar mantener el respeto mutuo o al menos la voluntad de comunicarse cuando sea necesario.

El riesgo es relativo. En algunos casos, puede ser una buena idea pasar desapercibido; en otros, mantener la visibilidad pública se considera demasiado arriesgado, cuando en realidad nada podría ser más peligroso que retirarse de la vista del público y dejar morir el impulso. Cuando pensamos en el riesgo, a menudo nos imaginamos cámaras de seguridad y celdas de prisión, pero hay amenazas mucho más insidiosas. Los acusados de la Operación Backfire acabaron recibiendo condenas mucho más cortas de lo esperado; al final, el riesgo más grave al que se enfrentaban no era la cárcel, sino la retractación y la traición, un riesgo que resultó ser demasiado real. Del mismo modo, podemos imaginar a Eric McDavid, que actualmente espera sentencia por cargos de conspiración, discutiendo ociosamente el factor de riesgo de una hipotética acción con sus supuestos amigos — que resultaron ser dos informantes potenciales y un agente federal provocador. Por desgracia, lo realmente arriesgado fue, en primer lugar, mantener esas conversaciones con esas personas.

Prepararse para lo peor

La sabiduría convencional de los activistas dicta que no se debe mezclar la actividad pública con la clandestina, pero el caso de Daniel McGowan parece contradecirla. McGowan no fue llevado a juicio como resultado de investigaciones basadas en su organización pública, sino porque había trabajado con Jacob Ferguson, que se convirtió en delator bajo presión policial. Aunque el gobierno estaba especialmente ansioso por condenarlo debido a su amplia labor de apoyo a los presos y a su organización contra la Convención Nacional Republicana, McGowan recibió un enorme apoyo público precisamente porque había sido tan visible^[6]. Si simplemente se hubiera escondido en la oscuridad, podría haber acabado en la misma situación sin el apoyo que le permitió capearla con tanto éxito como lo hizo, y sin hacer tantas contribuciones importantes al movimiento anarquista.

Teniendo en cuenta los años que tardó el FBI en montar la Operación Backfire y el destacado papel de los informadores en tantos casos del Terror Verde, parece que es posible salirse con la suya en muchas cosas, siempre que se tenga cuidado y se tomen decisiones inteligentes sobre en quién confiar. El currículum de acción directa de McGowan, tal como aparece en los argumentos del gobierno en su sentencia, parece sacado de una novela de aventuras. Uno no puede evitar pensar: ¡sólo siete años, por todo eso!

La otra cara de la moneda es que, a pesar de todas sus precauciones, los acusados del «terror verde» fueron descubiertos. Por muy cuidadoso e inteligente que seas, no vale la pena contar con que no te pillen; tienes que estar preparado para lo peor. Quienes se planteen emprender acciones directas arriesgadas deben partir del supuesto de que serán detenidos y procesados; antes de hacer nada, antes incluso de hablar de ello, deben preguntarse si podrían aceptar las peores consecuencias posibles. Al mismo tiempo, dado que el gobierno puede perseguir a cualquiera en cualquier momento, independientemente de lo que haya hecho realmente, es importante que incluso los activistas más respetuosos con la ley — por no hablar de sus amigos y familiares — piensen en cómo afrontar el hecho de ser investigados, citados o acusados.

Los casos del «Terror Verde» demuestran que cooperar con el gobierno nunca redunda en beneficio del acusado. Por término medio, los acusados que no cooperaron en la Operación Backfire están cumpliendo en realidad menos tiempo en proporción a sus condenas originales amenazadas que los informantes, a pesar de que el gobierno puso en marcha todo el aparato represivo de Estados Unidos para darles un escarmiento. Exile y Sadie fueron amenazados con más de mil años de prisión cada uno, y están cumpliendo menos de ocho; si todos los detenidos comprendieran la diferencia entre lo que el Estado amenaza y lo que realmente puede hacer, serían muchos menos los que se rendirían sin luchar.

En el sistema judicial de Estados Unidos, un juicio es básicamente un juego de la gallina. El Estado empieza amenazando con las peores penas posibles, con la esperanza de intimidar al acusado para que se declare culpable e informe. Es más fácil si el acusado se declara culpable inmediatamente; esto ahorra al estado inmensas cantidades de tiempo y dinero, por no mencionar la vergüenza potencial de perder un juicio bien publicitado. Los acusados no deben sentirse intimidados por los cargos iniciales presentados contra ellos; a menudo resulta que muchos de ellos no se sostendrán, y sólo se presentan para dar al Estado más poder de negociación. Incluso si un acusado teme que no tendrá nada que hacer en el tribunal, puede obtener algún poder de negociación propio amenazando con someter al Estado a un juicio costoso, difícil e impredecible — para ello, es esencial adquirir la mejor representación legal posible. Cuando un acusado accede a cooperar, pierde toda esa influencia y queda a merced de unas fuerzas que no tienen ni un ápice de piedad que ofrecer.

A pesar de lo sombrías que parecían las cosas para Sadie, Exile, McGowan y Jonathan Paul durante la mayor parte de 2006, mejoraron cuando el abogado de McGowan exigió información sobre si los fiscales habían utilizado escuchas ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional para reunir pruebas contra los acusados. El gobierno se resistía a responder a esta pregunta, y por una buena razón: acababa de producirse un escándalo público sobre las escuchas telefónicas de la NSA, y si el tribunal concluía que las escuchas se habían utilizado de forma inconstitucional, todo el caso de la Operación Backfire habría sido desestimado. Esa es exactamente la razón por la que tantos miembros de Weather Underground son hoy profesores y no convictos: el FBI estropeó tanto el caso que los tribunales tuvieron que dejarlos en libertad.

Por muy desesperadas que parezcan las cosas, nunca subestimes el poder de la lucha. Hasta que Stanislas Meyerhoff y otros capitularon, el eje del caso federal en la Operación Backfire era Jacob Ferguson, un adicto a la heroína e incendiario en serie. Si todos, aparte de Ferguson, se hubieran negado a cooperar y en su lugar hubieran luchado juntos contra los cargos, la Operación Backfire seguramente habría acabado de otra manera.

Sobre los informantes

Si convertirse en informante es siempre una mala idea, ¿por qué lo hace tanta gente? Al menos once acusados de alto perfil en casos del Terror Verde han optado por cooperar con el gobierno contra sus antiguos compañeros, sin incluir a la compañera de Peter Young, que le delató en 1999. Todos ellos eran activistas experimentados que presumiblemente habían pasado años pensando en cómo manejarían la presión de los interrogatorios y los juicios, y que debían estar familiarizados con todas las razones por las que no compensa cooperar con el Estado. ¿Qué podemos concluir, si es que podemos concluir algo, de cuántos de ellos se convirtieron en informantes?

Ha habido bastantes especulaciones oportunistas sobre este tema por parte de expertos con escaso conocimiento de las circunstancias y aún menos experiencia personal. Debemos dar por sentado que los detenidos se convirtieron en informantes porque eran chicos privilegiados de clase media; de hecho, tanto los acusados que cooperaron como los que no lo hicieron están divididos en función de la clase y el sexo. Se nos dice que los acusados delataron porque no habían estado luchando por sus propios intereses; ¿cuáles son exactamente los «propios intereses» de uno, si no vivir en un mundo sin mataderos ni calentamiento global? ¿Hamburguesas más baratas y aire acondicionado, tal vez? Incluso se ha sugerido que es inevitable que algunos se conviertan en informantes bajo presión, por lo que no debemos culpar a los que lo hacen y, en cambio, debemos evitar el uso de tácticas que provoquen investigaciones e interrogatorios. No merece la pena responder a esta última insinuación, salvo para señalar que no es necesario que se haya cometido ningún delito para que el gobierno inicie investigaciones e interrogatorios. Se apoye o no la acción directa de cualquier tipo, nunca es aceptable equipar al Estado para hacer daño a otros seres humanos.

Los radicales experimentados que se han delatado a sí mismos te dirán que no existe una fórmula infalible para determinar quién se convertirá en informante y quién no. Ha habido informantes en casi todos los movimientos de resistencia que se recuerdan, incluidos el Partido de las Panteras Negras, el Ejército Negro de Liberación, el Movimiento Indio Americano y el movimiento independentista puertorriqueño; los casos del Terror Verde no son particularmente inusuales en este sentido, aunque algunos de los acusados parecen haber cedido más rápidamente que sus antecesores. Puede que el alboroto sobre el número de ecoactivistas que se han convertido en informantes se deba en parte a la ignorancia de los comentaristas sobre las luchas pasadas.

Si hay algo que disuade a la gente de delatarse mutuamente son los lazos de sangre. Históricamente, los movimientos con menos delatores han sido los más arraigados en comunidades antiguas. Los detenidos en los movimientos de liberación nacional de antaño no cooperaban porque no podrían volver a enfrentarse a sus padres o hijos si lo hacían; del mismo modo, cuando los gánsteres implicados en actividades capitalistas ilegales se niegan a informar, es porque hacerlo afectaría a la totalidad de sus vidas, desde sus perspectivas en las carreras elegidas hasta su posición social en la cárcel, así como en sus barrios. Cuanto más fuertes son los lazos que unen a un individuo con una comunidad, menos probable es que informe contra ella. Los radicales norteamericanos procedentes de grupos demográficos predominantemente blancos siempre se han enfrentado a un difícil reto en este sentido, ya que la mayoría de los participantes se implican desafiando a sus familias y círculos sociales, y no gracias a ellos. Cuando un ex activista se enfrenta a la posibilidad de pasar décadas en prisión por algo que era esencialmente un pasatiempo, con sus padres rogándole que no tire su vida por la borda y el sistema contra el que luchó dominando aparentemente la totalidad de su presente y su futuro, hace falta un poderoso sentido del bien y del mal para resistirse a venderse.

Desde este punto de vista, no es sorprendente que el hilo común que une a los acusados que no cooperaron sea que prácticamente todos ellos seguían involucrados en comunidades anarquistas o, al menos, contraculturales. Daniel McGowan estuvo incesantemente activo en muchos tipos de organización hasta el momento de su detención; Exile y Sadie seguían comprometidos con la vida a contracorriente, si no con la actividad política; un testigo que asistió a su sentencia describió a sus seguidores como una tropa de fans del black metal de otro mundo con barbas trenzadas y piercings en la cara. Aquí vemos de nuevo la necesidad de forjar comunidades poderosas y duraderas con una cultura compartida de resistencia; los desertores deben hacerlo desde cero, nadando contracorriente, pero no es imposible.

Las relaciones sanas son la espina dorsal de tales comunidades, por no mencionar la organización segura de la acción directa. Una vez más, los conflictos y resentimientos no abordados, las dinámicas de poder desequilibradas y la falta de confianza han sido el talón de Aquiles de innumerables grupos. El FBI mantiene perfiles psicológicos de sus objetivos, con los que aprovecharse de sus debilidades y explotar posibles fisuras interpersonales. El truco más viejo del libro es decir a los detenidos que sus compañeros ya les han delatado; para capear esta intimidación, la gente no debe tener dudas sobre la fiabilidad de sus compañeros.

A pesar de los carteles de «los soplones reciben puntos», los anarquistas no estamos situados para imponer un código de no-información por medios violentos. De todos modos, es dudoso que pudiéramos hacer algo así sin comprometer nuestros principios: cuando se trata de coerción y miedo, el Estado siempre puede superarnos, y no deberíamos aspirar a competir con él. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en desmitificar la delación y construir la confianza y el poder colectivos que lo desalienten. Si formar parte de la comunidad anarquista es lo suficientemente gratificante, nadie deseará exiliarse de ella convirtiéndose en informante. Para que esto funcione, por supuesto, aquellos que delatan a otros deben ser excluidos de nuestras comunidades con absoluta finalidad; al traicionar a otros para su beneficio personal, se unen a las filas de los policías, guardias de prisiones y verdugos a los que ayudan.

Quienes participen juntos en acciones directas deben dedicar primero tiempo a conocerse bien, incluyendo a sus familias y amigos, y a hablar de sus expectativas, necesidades y objetivos. Debes conocer a alguien lo suficiente como para saber qué es lo que menos te gusta de él o ella antes de comprometerte a realizar una actividad segura juntos; tienes que tener la certeza de que serás capaz de resolver los conflictos más difíciles y de confiar en ellos en las situaciones más aterradoras hasta una década después.

A juzgar por las lecciones de los años 70, la drogadicción es otro factor que tiende a correlacionarse con la delación, ya que puede estar vinculada a problemas personales muy arraigados. De hecho, Jacob Ferguson, el primer informante de la Operación Backfire, era heroinómano desde hacía mucho tiempo. Del mismo modo que los casos de la Operación Backfire habrían sido mucho más difíciles para el gobierno si nadie, aparte de Jake, hubiera cooperado, es posible que el FBI nunca hubiera podido iniciar los casos si otros no hubieran confiado en Jake en primer lugar.

El apoyo inmediato de los presos es tan importante como el apoyo público para quienes se enfrentan a grandes jurados. Como ha señalado un acusado del «Terror Verde», los acusados a menudo se convierten en informantes poco después de su detención, cuando están desequilibrados e inseguros de lo que les espera. La cárcel tiene fama de ser un entorno más duro que la prisión; es posible que los detenidos recientemente se estén preguntando si pueden soportar años de encarcelamiento sin tener una idea realista de lo que eso supondría. Los defensores deberían sacar a los acusados de la cárcel lo antes posible, para que puedan estar informados y sensatos a la hora de tomar decisiones sobre su estrategia de defensa. Para ello, lo ideal es que los fondos se destinen a la asistencia jurídica mucho antes de que se produzcan las detenciones.

Nunca se insistirá lo suficiente en que informar es siempre un asunto serio, tanto si se trata de un acusado de alto perfil que delata a sus compañeros como de un conocido de activistas respetuosos de la ley que responde a preguntas aparentemente inofensivas. El objetivo principal del gobierno en cualquier caso político no es encarcelar a ningún acusado, sino obtener información con la que trazar un mapa de las comunidades radicales, con el fin último de reprimirlas y controlarlas. El primer trato que el gobierno ofreció a Peter Young fue que volviera a los círculos de defensa de los derechos de los animales para informarles desde dentro: no sólo de la actividad ilegal, sino de toda la actividad. La más mínima trivialidad puede servir para poner en peligro la vida de una persona, haya infringido o no alguna ley. Nunca es aceptable dar información sobre otra persona sin su consentimiento expreso.

Recuperar la iniciativa

No debemos conceptualizar nuestra respuesta a la represión gubernamental en términos puramente reactivos. El gobierno necesita muchos recursos para montar una operación masiva como los casos del Terror Verde, y al hacerlo crea situaciones imprevistas y abre nuevas vulnerabilidades. Como en el judo, cuando el Estado hace un movimiento, podemos contraatacar con un contramovimiento que les coja desprevenidos. Por poner un ejemplo de movilizaciones masivas, los poderes fácticos fueron capaces de paralizar el llamado movimiento antiglobalización lanzando un tremendo número de policías contra él; pero a raíz de las demandas interpuestas posteriormente contra ellos, la policía en lugares como Washington D.C. tiene ahora las manos atadas cuando se trata de controlar multitudes, como demostró su extrema moderación en las protestas contra el FMI y el Banco Mundial en octubre de 2007. Estamos en una larga guerra contra el poder jerárquico que no puede ganarse ni perderse en un único enfrentamiento; la cuestión es siempre cómo sacar el máximo partido de cada acontecimiento, tomando la iniciativa siempre que podamos y transmitiendo lo que ganemos a quienes lucharán después de nosotros.

Tiene que haber una forma de convertir el legado del Terror Verde en una ventaja para nosotros. Un punto de partida es utilizarlo como una oportunidad para aprender cómo investiga el Estado las actividades clandestinas y asegurarnos de que esas lecciones se comparten con la próxima generación. Un ejemplo prometedor es la reciente conexión entre los activistas de la liberación animal de la bahía y los partidarios de los Ocho de San Francisco, ex Panteras Negras acusados del asesinato de un policía en 1971.

Postscript: Cobardes…

Me parece irónico que apoye a las mujeres victimizadas y, sin embargo, en sus comunicados victimice verbalmente a aquellos con los que no está de acuerdo. Me pregunto si alguna vez ha llamado a los académicos del noroeste para preguntarles cómo ser eficaces y emprender acciones positivas. Al igual que los profesores que escribieron cartas al tribunal en tu nombre, la mayoría de los profesores son increíblemente generosos con sus ideas. He aprendido mucho en mis años en el banquillo… he visto de todo… se llama experiencia humana. Quítate las máscaras hasta que se revele el verdadero Daniel McGowan… sé el cambio que realmente quieres ser. No uses a Gandhi sólo cuando sea conveniente. Espero que vuelvas a tu página web y cuentes quién eras, qué hacías. Puede que no seas tan popular, pero… cambia tu página web. Denuncia, renuncia y condena. Si lo dices en serio, no debería ser difícil. A los jóvenes, envíales el mensaje de que la violencia no funciona. Si querien marcar la diferencia, tengan el valor de decir que la vida que habían vivido ha sido la vida de un cobarde… Es una tragedia ver a estos jóvenes de gran talento y brillantez llegar y hacer daño a las industrias. No está bien meter miedo a la gente que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Quítense las capuchas, las sudaderas y las máscaras y dialoguen de verdad.

— Juez Aiken, al condenar a Daniel McGowan a siete años de prisión con una causa por terrorismo (notas tomadas por Gumby Cascadia)

Al reflexionar sobre la sentencia del juez Aiken, dejemos a un lado, por el momento, la cuestión de si los ejecutivos que se benefician de la tala de árboles, la explotación animal y la ingeniería genética están «haciendo lo que tienen que hacer para sobrevivir.» Dejemos pasar también la sugerencia de que quienes dirigen estas industrias están más dispuestos a entablar un «diálogo real» con los ecologistas si éstos se limitan a la actividad puramente legal. Reservémonos incluso el juicio sobre el intento de Aiken de establecer paralelismos entre la violencia doméstica y los comunicados redactados de forma sarcástica, que se asemeja a la afirmación de los fiscales de que el F.L.T., a pesar de no haber herido nunca a un solo ser humano, no es diferente del Ku Klux Klan.

Sólo hay una pregunta que no podemos dejar de hacer, en referencia a la retórica de la juez Aiken sobre la cobardía: si ella se encontrara en una situación que requiriera tomar medidas fuera de los canales establecidos del sistema legal, ¿sería capaz de hacerlo? ¿O seguiría insistiendo en el debido proceso legal, instando a los demás a ser pacientes mientras se vendía a seres humanos como esclavos o los nazis llevaban a la gente a Dachau? ¿Es justo que una persona cuya complicidad con el statu quo se ve recompensada con estabilidad financiera y estatus social acuse de cobardía a alguien que lo ha arriesgado todo por acatar su conciencia? ¿Quizás Aiken también se sentiría con derecho a informar a John Brown de que era un cobarde, o a los alemanes que intentaron asesinar a Hitler?

Una vez formulada esta pregunta, surge inexorablemente otra: ¿qué situación exige que se tomen medidas fuera de los cauces establecidos por el sistema jurídico, si no es la actual crisis ecológica? Las especies se están extinguiendo en todo el planeta, el cambio climático está empezando a causar graves estragos también en los seres humanos, y los científicos nos están dando una ventana de tiempo muy corta para cambiar nuestra actuación — mientras que el gobierno de EE.UU. y sus titiriteros corporativos se niegan a hacer incluso los cambios insuficientes que piden los liberales. Si la pesadilla distópica que predicen esos científicos llega a producirse, ¿recordarán los refugiados del futuro este encuentro entre McGowan y Aiken y juzgarán cobarde a McGowan?

Vivimos en una democracia, insisten Aiken y los suyos: saltarse los cauces establecidos e infringir la ley equivale a atentar contra la libertad, la comunidad y el propio diálogo. Es lo mismo que decían en 1859.

Quienes consideran que obedecer la ley es más importante que acatar la propia conciencia siempre intentan enmarcarse como los responsables, pero la esencia de esa actitud es el deseo de eludir la responsabilidad. La sociedad, representada — aunque sea mal — por sus arraigadas instituciones, es la responsable de decretar lo que está bien y lo que está mal; todo lo que uno debe hacer es acatar descerebradamente, abogando por un cambio cuando los resultados no son de su gusto, pero sin salirse nunca de la línea. Ese es el credo de los cobardes, si es que hay algo que lo sea. En la vista para determinar si los acusados debían ser condenados como terroristas, Aiken reconoció con frustración que no tenía ningún control sobre lo que la Oficina de Prisiones haría con ellos independientemente de sus recomendaciones, pero se lavó las manos y de todos modos concedió a McGowan y a los demás causas por terrorismo. Sin duda, Aiken cree que los defectos del sistema no son responsabilidad suya, aunque participe en imponerlos a otros. Ella sólo hace su trabajo.

Es la defensa de Nuremberg. Independientemente de lo que piense de las acciones de McGowan o de la Oficina de Prisiones, Aiken es personalmente responsable de enviarlo a prisión. Es responsable de separarlo de su esposa, de impedirle continuar su trabajo de apoyo a las supervivientes de la violencia doméstica. Si le pegan o le violan mientras está en prisión, es lo mismo que si Aiken le pegara o le violara. Y no sólo McGowan, o Paul, o Sadie o Exile, sino todas y cada una de las personas que Aiken ha enviado a prisión.

Pero Aiken y los de su calaña son responsables de mucho más que esto. A medida que los casquetes polares se derriten, las selvas tropicales se reducen a pulpa y el cambio climático inflige catástrofes cada vez más terribles en todo el planeta, son responsables de detener a todos los que emprenderían acciones directas para evitar estas tragedias. Son responsables, en resumen, de forzar la destrucción masiva del entorno natural sobre todos los demás habitantes de la Tierra.

Aiken podría replicar que el llamado sistema democrático es la forma más eficaz de detener esa destrucción. Hasta ahora sí que ha funcionado, ¿verdad? Por el contrario, lo más probable es que no se atreva a considerar honestamente si puede haber un bien mayor que el mantenimiento de la ley y el orden. Para personas como ella, la obediencia a la ley es más valiosa que los casquetes polares, las selvas tropicales y ciudades como Nueva Orleans. Vale la pena pagar cualquier precio para evitar asumir la responsabilidad de su parte en la determinación del destino del planeta. Eso sí que es cobardía.

…y héroes

Así que, si McGowan y los demás acusados de no cooperar con el «Terror Verde» no son cobardes, ¿significa eso que son héroes?

Debemos tener cuidado de no adoptar irreflexivamente el juicio inverso de Aiken. Al presentar el caso para el gobierno, Peifer describió las hazañas de los acusados de la Operación Backfire como «casi como Misión Imposible». Sirve a los poderes fácticos presentar a los acusados como sobrehumanos: cuanto más excepcionales parezcan sus hazañas, más inalcanzables les parecerán a los demás.

Del mismo modo, ensalzar a los «héroes» puede ser una forma de que el resto de nosotros nos libremos de culpa: como obviamente no somos héroes de su calibre, no tenemos por qué atenernos a las mismas normas de conducta. Es un flaco favor glorificar a McGowan, Exile, Sadie, Peter Young y otros como ellos; al optar por la acción anónima, no se propusieron ser celebrados, sino hacer en privado lo que creían necesario, como deberíamos hacer todos nosotros. Son tan normales como cualquiera de nosotros; cualquier persona normal que asume la responsabilidad de sus actos es capaz de cosas tremendas.

Esto no quiere decir que todos debamos convertirnos en pirómanos. Hay innumerables caminos a disposición de quienes quieren asumir su responsabilidad, y cada persona debe elegir el más adecuado a su situación. Dejemos que la valentía de los acusados no cooperantes del Miedo a la Verdura, que se atrevieron a actuar de acuerdo con sus convicciones y se negaron a traicionarlas incluso cuando se vieron amenazados con la cadena perpetua, sirva de recordatorio de lo mucho que puede conseguir la gente normal como nosotros.

Darren Thurston ha publicado recientemente un extenso comunicado en el que presenta la historia de la Operación Backfire tal y como él la ve y expone lo que aparentemente considera circunstancias atenuantes relacionadas con su decisión de delatar. Insiste en que no aprueba la delación y afirma que no compartió ninguna información perjudicial para los demás; por desgracia, como Thurston ha optado por ocultar al público tanto su acuerdo de culpabilidad como los documentos del interrogatorio que detallan su cooperación con los investigadores, es imposible verificar esta afirmación. Por el contrario, los acusados de la Operación Backfire que no han cooperado han hecho públicos sus acuerdos de culpabilidad en su totalidad; Thurston explica que no ha hecho lo mismo porque en su caso los materiales «no eran completamente indicativos de mi cooperación y serían fácilmente malinterpretados por la mayoría de los que oyeran hablar de ellos.» Dado que su cooperación ya es objeto de intensa controversia, difícilmente podría empeorar las cosas que siguiera el ejemplo de los acusados que no cooperan. También vale la pena señalar que los acusados que no cooperan, a los que se ha permitido ver su acuerdo de culpabilidad pero no hablar de él, están instando a la gente a que no le apoye, presumiblemente por una buena razón.

Al final de su declaración, Thurston ofrece a «sus compañeros más cercanos» una disculpa limitada por su decisión de informar, admitiendo que «fue un mal ejemplo», pero atribuyendo la responsabilidad de su elección a los hombros de otros: otros cooperaron primero e hicieron que el caso fuera «imposible de ganar», el gobierno dividió a las comunidades difundiendo rumores, los activistas abandonaron y vilificaron a los acusados cooperantes antes de que hubieran decidido si cooperaban o no, etcétera. También echa pestes de los acusados que no cooperan sin especificar nunca a cuáles se refiere. Si no se trata de una cuestión de autojustificación pasivo-agresiva, sino de serias preocupaciones sobre su conducta, le debe a la comunidad activista ser más explícito.

Thurston afirma que los acusados de la Operación Backfire se enfrentaban a «cadenas perpetuas garantizadas» hasta que cooperaran. A diferencia de quienes atribuyen las condenas considerablemente más cortas que recibieron los acusados que no cooperaron a los vigorosos esfuerzos de sus equipos de defensa, él atribuye a su compañera y también informante Chelsea Dawn Gerlach el mérito de haber ayudado a concertar acuerdos de culpabilidad clementes para los acusados que no cooperaron, un relato que sin duda será polémico. También menciona acríticamente que cuando él y Gerlach pudieron comunicarse tras sus detenciones, ella ya había informado al gobierno no sólo de su implicación en las acciones por las que se le acusaba, sino también de muchas otras actividades ilegales en las que había participado.

No cabe duda de que Thurston pasó unos meses tras su detención más aterradores de lo que la mayoría de nosotros pueda imaginar. Pero esto por sí solo no puede justificar la decisión de informar; el hecho de que otros acusados no hicieran lo mismo demuestra que había otras opciones posibles. En su declaración, habla de «sanar nuestros movimientos y hacerlos más fuertes», pero eso sólo puede ocurrir sobre la base de un compromiso de negarse incondicional y transparentemente a delatarse unos a otros; cualquier supuesta solidaridad que no parta de esta premisa es una farsa que se desmoronará bajo la primera embestida de la represión gubernamental. Abordar la cuestión de lo que constituye una conducta aceptable no es una lucha ni una puñalada por la espalda, sino un elemento esencial para sanar y fortalecer nuestras comunidades. Como señala Thurston, no debemos confiar en la palabra del Estado sobre quién está informando, pero ahora que ha firmado un acuerdo sellado para informar, la carga de la prueba recae sobre él para demostrar los límites de esa información. Quienes lean la declaración de Thurston no deben tomarse su análisis — ni ningún análisis, incluido éste — al pie de la letra, ya que las perspectivas de todos los que comentan la Operación Backfire están inevitablemente teñidas por sus propios motivos; la cuestión es qué motivos tienen más probabilidades de facilitar un análisis útil.

Thurston se encuentra en una situación difícil, pero aún puede hacer mucho para facilitar la curación y el fortalecimiento de los que habla. Puede empezar por revelar los textos completos de su acuerdo de culpabilidad y de su acuerdo de cooperación, y aceptar la completa responsabilidad personal por su decisión de informar. El Estado puede hacernos cualquier cosa: aislarnos, amenazarnos con cadenas perpetuas, incluso, en algunos extremos, poner a nuestros seres queridos en nuestra contra. Lo único que no puede quitarnos, y en lo que debe basarse cualquier lucha antiautoritaria, es la decisión de mantener nuestros principios pase lo que pase. Los heroísmos individuales no pueden ganar una lucha revolucionaria; sólo las comunidades solidarias pueden hacerlo; pero sólo podemos formar esas comunidades manteniendo personalmente nuestros compromisos, independientemente de lo que hagan los demás. Podemos elogiar a Thurston por las acciones que emprendió en su día en defensa de los animales y el medio ambiente, pero la ronda más importante de la lucha no tiene lugar en las calles, sino en la cámara de interrogatorios: es ahí, cuando los compromisos y la confianza que forman su columna vertebral se someten a la prueba definitiva, donde una lucha vive o muere.